Antes de dejar el cargo en agosto de 2018, el Presidente Colombiano saliente Juan Manuel Santos decretó que 442,462 venezolanos indocumentados que vivían en Colombia—la mayoría de los cuales habían llegado desde 2015 cuando se aceleró el éxodo masivo de venezolanos en todo el continente—podrían recibir residencia formal y permiso de trabajo. Esto se suma a los 376,572 venezolanos que ya se encontraban en el país con estatus migratorio regular. Esta acción encomiable es el mayor proceso de regularización del trabajo de migrantes y refugiados que se haya visto en la región, quizás en el mundo fuera de Uganda. No solo demuestra solidaridad con los vecinos venezolanos del país, sino que también es una política inteligente, dada las enormes oportunidades económicas que estos migrantes podrían representar para el país.
Sin embargo, la integración exitosa de los migrantes en la fuerza laboral marca un desafío sin precedentes para Colombia. A pesar de su reciente admisión en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Colombia aún enfrenta importantes desafíos económicos propios. Es importante que las políticas diseñadas para facilitar y apoyar el proceso de integración busquen maximizar los beneficios potenciales y mitigar los posibles costos de la integración de los inmigrantes.
Este documento de políticas describe en detalle las principales características de la población de migrantes venezolanos que se encuentran en proceso de regularización y analiza algunos puntos importantes a tener en cuenta para quienes toman las decisiones y diseñan políticas para acompañar este proceso. La población de migrantes recién regularizados es predominantemente joven, tiene una educación moderada y está lista para participar en la fuerza laboral. Más del 75 por ciento está en edad laboral, y el 83 por ciento de ellos ha completado al menos la educación secundaria. En comparación con la fuerza laboral colombiana, los migrantes recién regularizados son más jóvenes y más educados. Si se integran adecuadamente en la fuerza laboral, representan una cohorte productiva que podría contribuir al crecimiento económico y a aumentos de productividad en sus comunidades receptoras.
Los inmigrantes en proceso de regularización permanecen concentrados geográficamente en un número pequeño de municipios fronterizos. En Puerto de Santander, por ejemplo, su concentración per cápita alcanza el 23,5 por ciento. Sin embargo, en la gran mayoría del país, estos migrantes recién regularizados representan menos del 1 por ciento de la población municipal. Los grandes centros metropolitanos como Bogotá y Medellín siguen teniendo concentraciones per cápita más bajas y, por lo tanto, tienen capacidad adicional para absorber a los recién llegados.
El impacto económico de esta nueva cohorte depende en gran medida de si sus habilidades sustituyen o complementan las de la población nativa. La investigación académica basada en muchos diferentes episodios sugiere que el flujo de migrantes y refugiados suelen tener poco impacto en las tasas de empleo de los locales, lo que sugiere complementariedad. Sin embargo, sería prudente tomar medidas para evitar el desplazamiento laboral de aquellos colombianos cuyas habilidades podrían ser, en cierta medida, sustitutos de la mano de obra migrante.
Una forma de combatir este riesgo es inyectar capital en regiones altamente impactadas. Sin embargo, en ausencia de fondos para invertir en infraestructura y ampliar el acceso al crédito privado en el corto plazo, el gobierno de Colombia podría considerar una forma de reubicación voluntaria e incentivada para reducir la presión sobre las regiones fronterizas altamente impactadas. Este esquema de reasignación debe considerar factores como las tasas de desempleo regionales, el tamaño relativo de los mercados laborales informales y el clima de negocios.
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